La Procuraduría General de la Nación ratificó ante el Consejo de Estado su solicitud de condena contra la sociedades Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. - Episol S.A.S, CSS Constructores S.A., y pidió que se confirme el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que les impuso un pago de $715 mil millones, por los actos de corrupción que dieron lugar a la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa.

“Que nadie se llame a engaños. Ha sido la Procuraduría la única entidad del Estado que ha logrado condenas patrimoniales contra Odebrecht y sus socios locales. Defenderemos esa condena en el Consejo de Estado, hasta lograr la confirmación de lo fallado en la primera instancia”, advirtió el Procurador Fernando Carrillo Flórez.

“Como Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público reitero que no cederemos espacios en la defensa de la moralidad pública, en que se respete el patrimonio de los colombianos, en que el acceso a los servicios públicos y su prestación sea eficiente y oportuna y en la recuperación de la ética pública. Pero eso no lo logramos solos necesitamos el acompañamiento ciudadano, con veedurías activas, y el apoyo del Congreso. Insistiremos en la aprobación de la Ley de Probidad para combatir la corrupción y establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas que malversen recursos públicos”, agregó.

Respaldo a histórico fallo contra Odebrecht

El Ministerio Público solicitó tramitar las apelaciones de las sociedades condenadas con efecto suspensivo, como lo estableció el Tribunal Administrativo, y no devolutivo, como lo determinó el señor Magistrado Ponente de la Sección Tercera - Subsección B del Consejo de Estado, en auto del 24 de octubre de 2019.

La intervención de la Procuraduría, que nunca apeló por estar de acuerdo en su totalidad con la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no solo es un respaldo a las órdenes impartidas por los magistrados Luis Manuel Lasso Lozano (ponente), Claudia Elizabeth Lozzi Moreno y Felipe Alirio Solarte Maya; sino a que la apelación fue concedida con efecto suspensivo para las órdenes que impartió el Tribunal, mientras se tramita la acción popular en la segunda instancia.

En su escrito el Ministerio Público reafirmó su línea de defensa de los derechos del patrimonio público, la moralidad pública y a que el acceso a los servicios públicos y su prestación sea eficiente y oportuna, y pidió mantener la tradición jurídica de la jurisdicción contenciosa de la Ley 472 de 1998, sobre el efecto suspensivo de las apelaciones, que reiteran los códigos de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA - y el General del Proceso, para decisiones declarativas como una inhabilidad.

Si como parte de este proceso el Magistrado Ponente Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz ordena el cumplimiento con carácter inmediato a las inhabilidades de 10 años impuestas a las sociedades Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. - Episol S.A.S, CSS Constructores S.A., y a las personas naturales Gabriel Ignacio García Morales, José Elías Melo Acosta, Otto Nicolás Bula, Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, la Procuraduría acatará sin reserva esa eventual decisión del Consejo de Estado, sin controvertirla.

El Procurador General de la Nación respetuoso de la plena autonomía de las autoridades judiciales, atendiendo que las disposiciones legales le permiten solicitar la prevalencia de los procesos judiciales, considera que por su importancia esta Acción Popular debe ser decida en segunda instancia con toda la celeridad que fuere posible.

A su vez, insta a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a hacer el alistamiento para una eventual sentencia a favor de la Procuraduría y tener listas las acciones de cobro de los $715 mil millones, en la condena solidaria a todas las sociedades mencionadas, y preparar las medidas de eventual retoma de las concesiones, si las inhabilidades sobrevinientes que pidió el Procurador en su demanda se llegaren a configurar.

*Con información de la Procuraduría General de la Nación